Definiciones del documento público y la transacción judicial [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

Definiciones del documento público y la transacción judicial

El documento público: artículo 3i

El Reglamento de sucesiones retoma la definición de documento público recogida en el Reglamento (CE) n º 805/2004 de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (artículo 4, §3^[1]).

Según elartículo 3i^[2], «un documento público es un documento en materia de sucesiones formalizado o registrado en tal concepto en un Estado miembro y cuya autenticidad se refiera a la firma y al contenido del documento, y haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada a tal efecto por el Estado miembro de origen. »

La transacción judicial

Sin embargo, el Reglamento no da una definición particular de la transacción. El artículo 61^[3] la menciona como una transacción aprobada por un tribunal o una transacción concluida ante un tribunal.

Notes

Artículo 4
Competencia general
Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.
Artículo 3
Definiciones
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
  - a) «sucesión»: la sucesión por causa de muerte, abarcando cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato;
  - b) «pacto sucesorio»: todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo;
  - c) «testamento mancomunado»: el testamento otorgado en un acto por dos o más personas;
  - d) «disposición mortis causa»: un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio;
  - e) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual se haya dictado la resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial, se haya constituido el documento público o se haya expedido el certificado sucesorio europeo, según el caso;
  - f) «Estado miembro de ejecución»: el Estado miembro en el que se solicite la declaración de fuerza ejecutiva o la ejecución de la resolución, de la transacción judicial o del documento público;
  - g) «resolución»: cualquier decisión en materia de sucesiones dictada por un tribunal de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba e incluidas aquellas decisiones en materia de costas u otros gastos emitidas por los funcionarios judiciales;
  - h) «transacción judicial»: una transacción en materia de sucesiones aprobada por un tribunal o celebrada en el curso de un proceso judicial ante un tribunal;
  - i) «documento público»: un documento en materia de sucesiones formalizado o registrado en tal concepto en un Estado miembro y cuya autenticidad:
2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «tribunal» todo órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que tales autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan:
  - a) puedan ser objeto de recurso o revisión ante un órgano judicial, y
  - b) tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.
  Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades y los profesionales del Derecho a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 79.
Artículo 61
Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales
1. A petición de cualquiera de las partes interesadas, se declarará que tienen fuerza ejecutiva en otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 45 a 58.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, letra b), el tribunal que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya concluido la misma librará, a instancia de cualquiera de las partes interesadas, una certificación, utilizando para ello el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2.
3. El tribunal ante el que se interponga un recurso al amparo de los artículos 50 o 51 solo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando esta sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución.