Las disposiciones propias del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (solo para los testamentos y solo para los Estado ligados por el Convenio) [Reglamento europeo sobre sucesiones internacionales]

Las disposiciones propias del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (solo para los testamentos y solo para los Estado ligados por el Convenio)

La cuestión de los legados orales

La validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente queda excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (artículo 1 § 2 f^[1]). Hay que aplicar entonces las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros.

Respecto a los Estados ligados por el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961: el artículo 10 establece que «cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de no reconocer las disposiciones testamentarias otorgadas en forma oral, fuera de los casos en que concurran circunstancias extraordinarias, por uno de sus nacionales que no ostente ninguna otra nacionalidad».

Dicho en otros términos, si las disposiciones testamentarias orales son hechas por un nacional de un Estado que ha hecho la reserva y se está fuera de circunstancias excepcionales, entonces ese Estado puede no reconocer la disposición testamentaria oral. Al contrario, si la disposición testamentaria se hizo en circunstancias extraordinarias, entonces el Estado que haya hecho la reserva deberá aplicarle el Convenio de La Haya.

Los países que han hecho la reserva del artículo 10 son: Bélgica, Estonia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.

La cuestión de las cláusulas testamentarias que no tengan carácter sucesorio.

La validez formal de las disposiciones insertas en los testamentos pero sin carácter sucesorio no entra en el ámbito del art. 27^[2] del Reglamento.

El Convenio de La Haya establece en el artículo 12 que cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de excluir la aplicación del Convenio a las cláusulas testamentarias que, según su Derecho, no tengan carácter sucesorio.

Luxemburgo y Austria han hecho la reserva del artículo 12.

La validez formal del reconocimiento de un hijo o el nombramiento de un tutor en un testamento puede, si el Estado parte en el Convenio de la Haya no ha hecho la reserva del artículo 12, beneficiarse de las vinculaciones alternativas del artículo 1.

Notes

Artículo 1 §2
Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
- a) el estado civil de las personas físicas, así como las relaciones familiares y las relaciones que, con arreglo a la ley aplicable a las mismas, tengan efectos comparables;
- b) la capacidad jurídica de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letra c), y en el artículo 26;
- c) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o la presunción de muerte de una persona física;
- d) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio;
- e) las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la muerte;
- f) la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente;
- g) los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letra i);
- h) las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, como las cláusulas contenidas en las escrituras fundacionales y en los estatutos de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, que especifican la suerte de las participaciones sociales a la muerte de sus miembros;
- i) la disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas;
- j) la creación, administración y disolución de trusts;
- k) la naturaleza de los derechos reales, y
- l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo.
Artículo 27
Validez formal de las disposiciones mortis causa realizadas por escrito
1. Una disposición mortis causa realizada por escrito será válida en cuanto a su forma si esta responde a la ley:
  - a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio;
  - b) del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento;
  - d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento, o
  - e) respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén situados.
  La determinación de si el testador o cualquiera de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio tenían su domicilio en un Estado miembro concreto se regirá por la ley de ese Estado.
2. El apartado 1 será aplicable asimismo a las disposiciones mortis causa que modifiquen o revoquen una disposición anterior. La modificación o revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes a tenor de las cuales, de conformidad con el apartado 1, la disposición mortis causa modificada o revocada era válida.
3. A los efectos del presente artículo, las disposiciones jurídicas que limiten las formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de cuestiones de forma. La misma regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los testigos requeridos para la validez de las disposiciones mortis causa.